Condenado a 13 años de cárcel por consultar datos clínicos de familiares repetidamente

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una condena de trece años de prisión contra un trabajador del Hospital Universitario por acceder en 384 ocasiones a datos clínicos de cuatro familiares, sin autorización y sin justificación asistencial. Además, se le impuso la inhabilitación profesional por seis años y la obligación de indemnizar con 6.000 euros a cada una de las víctimas. El tribunal lo declaró culpable de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2022, cuando el acusado utilizó el sistema Jara asistencia para consultar información sanitaria de su cuñado, la esposa de este y sus dos hijos, con quienes mantenía una relación conflictiva. A pesar de que alegó haber actuado para ayudar en gestiones médicas, los denunciantes negaron haber solicitado su intervención. Incluso, una de las víctimas dejó de acudir a la sanidad pública por temor a que sus datos se siguieran vulnerando y difundiendo.

El caso pone de relieve la importancia de proteger la confidencialidad de los historiales médicos, considerados datos especialmente sensibles. El acusado, aunque era funcionario administrativo y no tenía acceso completo a las historias clínicas, sí podía consultar información relevante que afectaba a la intimidad de las personas. Según subraya la jurisprudencia, cualquier acceso no autorizado a este tipo de datos constituye una vulneración grave de los derechos fundamentales del paciente.

Ante situaciones como esta, los expertos recomiendan aplicar estrictas medidas de seguridad: garantizar el principio de mínimo acceso, registrar y auditar todos los accesos, formar de manera continua al personal en protección de datos y confidencialidad, y aplicar protocolos de sanción interna con tolerancia cero frente a usos indebidos. De esta manera, las organizaciones sanitarias pueden cumplir con la normativa vigente —como el RGPD y la LOPDGDD— y reforzar la confianza de los ciudadanos en la protección de su información personal.

 

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