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Derecho a indemnización y responsabilidad (RGPD)

Publicado el martes, 23 de septiembre de 2025

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El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no solo impone obligaciones a las empresas y organizaciones en la gestión de datos personales, sino que también otorga derechos a las personas. Entre ellos, destaca el derecho a indemnización recogido en el artículo 82, que permite reclamar una compensación si se produce un perjuicio por un uso indebido de la información personal. Este derecho protege tanto frente a daños económicos como frente a consecuencias emocionales o sociales derivadas de la exposición de datos sensibles.

El RGPD contempla dos tipos de daños que pueden generar indemnización: los materiales, como pérdidas económicas directas tras un fraude bancario; y los inmateriales, como ansiedad, estrés o pérdida de reputación. Así, aunque no exista un perjuicio económico evidente, las afectaciones psicológicas o sociales también pueden ser reconocidas y compensadas. Un ejemplo claro es la exposición pública de datos médicos, que puede ocasionar un impacto emocional considerable.

En cuanto a la responsabilidad, el RGPD distingue entre el responsable del tratamiento —la entidad que decide cómo se usan los datos— y el encargado del tratamiento —quien los gestiona siguiendo instrucciones del responsable—. El responsable siempre responde si el tratamiento incumple la normativa, mientras que el encargado lo hace si no cumple con sus obligaciones o actúa fuera de lo encomendado. No obstante, ambos pueden quedar exentos si demuestran que no tuvieron ninguna responsabilidad en el daño, como en el caso de ataques informáticos imposibles de prever.

El reglamento también regula la responsabilidad compartida, ya que en muchos tratamientos intervienen varias entidades. En estos casos, todas pueden ser responsables solidarias, lo que significa que la persona afectada puede exigir la indemnización completa a cualquiera de ellas, y luego las empresas deberán repartirse el coste según su grado de implicación. Finalmente, las reclamaciones deben presentarse ante los tribunales competentes de cada Estado miembro, lo que habitualmente requiere asesoramiento jurídico especializado. Así, el derecho a indemnización se consolida como un pilar esencial del RGPD, al garantizar no solo la protección de los datos, sino también la reparación efectiva de los daños sufridos.

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