Francia toma medidas contra el despilfarro con un modelo de economía circular

Francia ha lanzado una de las leyes más ambiciosas de Europa para transformar su modelo de producción y consumo. Con ella, el país se propone reducir drásticamente el uso de plásticos de un solo uso, frenar el despilfarro y combatir la obsolescencia programada. Se trata de una apuesta decidida por la economía circular, que puede servir de ejemplo a nivel territorial para gobiernos locales, regionales o nacionales que busquen soluciones replicables frente a la crisis de los residuos.

La Ley contra el despilfarro por una economía circular se aprobó en 2020 y plantea cambios que impactan en sectores como el comercio, la industria, los servicios y el consumo ciudadano. Entre sus objetivos clave: reducir un 15% los residuos por habitante y reciclar el 100% del plástico antes de 2025. A largo plazo, pretende eliminar por completo los plásticos de un solo uso para 2040.

Para lograrlo, Francia ha adoptado un calendario de eliminación progresiva: desde 2021 ya están prohibidos productos como pajitas, cubiertos desechables o envases de poliestireno. En 2022 se amplió la prohibición a envases alimentarios de un solo uso y en 2023, a la vajilla no reutilizable en hostelería. Además, todos los comercios de alimentación deben permitir la venta a granel y aceptar envases traídos por el cliente, una medida fácilmente replicable a nivel municipal. También es obligatoria la instalación de fuentes de agua en lugares públicos, reduciendo así la venta de botellas.

Uno de los elementos más destacados es la posible implantación de un sistema de devolución de envases (la “consigna”), como ya ocurre en Alemania o Escandinavia. A cambio de una pequeña compensación económica, los ciudadanos devolverían botellas y envases en máquinas habilitadas. Aunque el sector de residuos se ha mostrado reacio, el Gobierno ha dado plazo hasta 2022 para mejorar las tasas de reciclaje antes de activarlo legalmente. El objetivo es recoger el 77% de las botellas para 2025, siguiendo las metas fijadas por la Unión Europea.

La ley también busca generar un cambio cultural profundo. Algunas de sus medidas más innovadoras son:

• Prohibición de destruir productos no vendidos (ropa, higiene, electrónicos), obligando a donarlos o reciclarlos.
• Fin de la impresión automática de tickets de caja (el cliente deberá pedirlo).
• Venta unitaria de medicamentos cuando sea posible, para evitar el desperdicio de envases.
• Uniformidad de colores en los contenedores de reciclaje en todo el país.
• Filtros de microplásticos obligatorios en lavadoras nuevas.
• Inclusión de la huella de carbono en facturas de servicios digitales.

En la lucha contra el despilfarro alimentario, la normativa francesa refuerza la ley existente desde 2016, que ya prohíbe a supermercados tirar alimentos en buen estado. Ahora, se aumentan las sanciones (hasta el 0,1% del beneficio) para quienes no donen alimentos aptos para el consumo.

Otro de los pilares clave es la lucha contra la obsolescencia programada. A partir de 2021, todos los productos electrónicos deben llevar una etiqueta con su índice de reparabilidad, del 1 al 10, visible en tienda o en el embalaje. Además, el consumidor debe estar informado sobre la disponibilidad de piezas de repuesto antes de realizar la compra. Esto busca alargar la vida útil de los productos y fomentar la reparación frente al reemplazo, una estrategia aplicable en territorios que quieran apoyar talleres de reparación o fomentar empleos verdes locales.

Estas medidas no solo responden a una emergencia ambiental, sino también a los compromisos europeos. Según la normativa de la UE, los países deben reciclar al menos el 55% de sus residuos municipales en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Francia ha decidido anticiparse con una legislación integral que combina regulación, incentivos y educación. En contraste, España aún carece de una ley estatal de economía circular, aunque comunidades como Castilla-La Mancha han empezado a legislar en esta dirección. La falta de un marco común frena el avance hacia los objetivos europeos, con un índice de reciclaje del 30% frente al 70% de Alemania.

Desde el punto de vista del desarrollo territorial, la experiencia francesa ofrece múltiples ideas transferibles:

• A escala local: campañas contra el despilfarro, eventos sin plásticos, fuentes públicas, incentivos a la reparación, contenedores estandarizados.
• A nivel regional: programas de donación obligatoria de excedentes, ayudas a tiendas a granel, apoyo a cooperativas de reutilización o normativa sobre índices de reparabilidad.
• A nivel estatal: un marco legislativo que unifique criterios, acelere la transición y asegure el cumplimiento de los compromisos europeos.

La ley francesa demuestra que es posible actuar con ambición frente al despilfarro y diseñar un modelo circular desde lo legislativo, lo empresarial y lo ciudadano. Su enfoque integral y su calendario claro la convierten en un modelo útil para otros territorios que buscan avanzar en sostenibilidad, reducir residuos y transformar el consumo.