Régimen sancionador del anteproyecto de ley sobre Inteligencia Artificial

El anteproyecto de ley sobre Inteligencia Artificial en España se apoya en el Reglamento Europeo, que contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual en caso de incumplimiento. Aunque se trata de un marco jurídico sólido, deja en manos de cada Estado miembro la determinación de las sanciones aplicables a las administraciones públicas, lo que ha generado debate. Organizaciones defensoras de los derechos digitales señalan que, en el sector público, las medidas propuestas suelen limitarse a amonestaciones, lo que consideran insuficiente para prevenir malos usos.

Uno de los principales riesgos que se advierten es que la falta de sanciones claras contra la administración pueda dar lugar a abusos en el uso de la inteligencia artificial. Por ello, se reclama que se definan con mayor precisión actuaciones disciplinarias, de forma que se garantice la responsabilidad y la transparencia en el ámbito público. La preocupación se centra en evitar situaciones en las que los ciudadanos puedan resultar perjudicados por un uso indebido o poco regulado de estas tecnologías.

El texto legal clasifica los sistemas de inteligencia artificial en niveles de riesgo. En la categoría de riesgo inaceptable se incluyen prácticas como la manipulación cognitiva de personas vulnerables, la puntuación social o el uso de sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos. En el nivel de alto riesgo se engloban aquellos sistemas aplicados en sectores sensibles como la educación, el empleo, la sanidad, la aplicación de la ley, la migración o el acceso a servicios públicos, todos los cuales deberán someterse a evaluaciones estrictas antes y durante su uso.

Finalmente, se destaca que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea entró en vigor en agosto de 2024, constituyéndose como la primera norma de este tipo a nivel comunitario. En este contexto, consultoras especializadas como Forlopd continúan ofreciendo asesoramiento a empresas para garantizar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos, tanto con el RGPD como con la LOPDGDD, y así evitar posibles sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Anteproyecto de ley inteligencia artificial

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